DERECHO

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BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

   Esta obra colectiva ha focalizado su atención en el estudio de los efectos de la corrupción en materia de contratación pública y, por consiguiente, se puede observar que existe un nexo común entre los estudios: la transparencia en las actuaciones de los órganos de contratación.
   El objetivo ha sido visualizar las distintas fases de la contratación y determinar cómo se han visto afectadas tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
 En esa línea, los distintos autores, todos ellos especialistas en la materia, han contribuido con sus estudios a esclarecer aquellos aspectos de mayor interés para la configuración de un debate sobre el control ad intra y ad extra que se exige en la regulación actual.
   Otro aspecto muy relevante es el efecto comparado que se vislumbra a lo largo de los análisis que se han llevado a cabo de forma singular y que de forma transversal afecta al estudio de la legislación sobre la temática y a su retrospectiva respecto a la regulación anterior.
   Éste uno de los aspectos de mayor interés, ya que pone de relieve el importante avance que se ha realizado en materia de transparencia apoyado en las Directivas europeas de contratación pública de 2014.
   Finalmente, hemos de resaltar un elemento de interés: el carácter sincrético de la obra.
   En la perspectiva de los autores existía a la hora de afrontar los distintos estudios un horizonte claro y conciso: mostrar al lector que detrás de una temática variada de textos que abarcaban todo el arco, más o menos abstracto, del control existente sobre la contratación pública, existía un contexto nítido con la clara y predefinida intención de intentar establecer cierto orden y coherencia en la doctrina existente, producto de una fusión compleja y de carácter asimilativo que entendemos expone un nuevo paradigma en la materia objeto de estudio.


DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE EDIFICACIONES

   El presente trabajo pretende circunscribirse a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en relación a la pasividad de la Administración a la hora de resolver e informar a los administrados en la solicitud de las licencias de edificación, y cómo estos hechos limitan el derecho a la propiedad de los particulares. Con carácter previo al análisis de los diferentes aspectos de este trabajo, conviene tener en consideración tres puntos de vital importancia antes de entrar a valorar los diferentes puntos a tratar:

   1.- Los principios de confianza legítima y seguridad jurídica de la Administración respecto a los administrados, conjugado con el objetivo de servir a los intereses generales (artículo 103 de la Constitución).
   2.- El derecho de propiedad, es caso del todo, imposible configurarlo de antemano por el poder legislativo y ejecutivo de forma genérica, dado que no puede prever todas las situaciones de hecho que se producen, amén de tener en consideración las características singulares, no sólo nacionales sino también regionales y locales, donde más se aprecia y se sienten los problemas cotidianos de los ciudadanos.
   3.- ¿Cómo participan el administrado y la Administración en la configuración de los diferentes derechos y obligaciones que integran el derecho a la propiedad privada? Una configuración que se traduce, de acuerdo con el análisis realizado del ordenamiento jurídico vigente, en dos obligaciones de resultado para el administrado, esto es, control judicial y responsabilidad patrimonial de la Administración.

   En este sentido, y por provenir quizás de una ciudad histórica como es Toledo, siempre me ha llamado la atención el patrimonio histórico de España, y cómo éste ha ido pasando de generación, en generación, lo que supone un motivo de orgullo en unos casos y de carga gravosa en los otros, la mayor parte, por cierto, máxime cuando este derecho, el de propiedad, tiene un contenido mayoritariamente económico que eclipsa cualquier función o participación social del mismo.